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Editorial HRN: De la impunidad y demás delitos electorales

Las elecciones se desarrollaron el 28 de noviembre
Instalaciones del CNE en Tegucigalpa.

Nunca como ahora, hemos insistido en esta casa de radio, la institucionalidad electoral y el sistema democrático hondureño han necesitado reglas claras: procesos en los que por fin la gente vuelva aunque sea medianamente a confiar y creer.

Las elecciones generales que recién acabamos de celebrar era precisamente una oportunidad para que la institucionalidad y el sistema como tal, pudieran “airearse” en un ejercicio de transparencia, cambio de actitud y deseos de legitimación moral y legal.

Una oportunidad que como lo dijo a esta casa de radio la consejera propietaria del CNE, Rixi Moncada, le permitiese a la institucionalidad electoral y a sus funcionarios, no ser más “cajas de resonancia” de la corrupción política y partidista que en Honduras y en el mundo se manifiesta de variopintas pero a la vez, comunes y corroídas formas y manifestaciones.

Una inmejorable oportunidad también para que el marco legal y judicial creado para identificar los delitos electorales y sancionar a los delincuentes electorales, evidenciase por fin para que fue institucionalizado.

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Transcurrido el tiempo que ha pasado después del 28 de noviembre, en el escenario postelectoral han ido tomando forma una serie de denuncias sobre supuestas adulteraciones y manipulaciones de actas electorales con el aparente y perverso fin de meter a como dé lugar a unos, llevándose de encuentro a otros que tal vez sí resultaron favorecidos por el voto ciudadano en las urnas.

Así como emplazamos a la clase política a empujar la nueva ley electoral para acabar o al menos regular el amaño que a lo largo de los procesos electorales terminó lamentablemente legitimando las  prácticas podridas y mal olientes en las urnas, hoy le exigimos en nombre del pueblo hondureño a la institucionalidad creada para castigar el delito electoral en todas su formas, que se amarre los pantalones y que por fin justifique su creación y su accionar.

Son fundamentadas las denuncias a la luz de las evidencias públicamente presentadas por los que se consideran afectados, para que la institucionalidad actúe, y actúe en este caso contra los que desde dentro de las organizaciones políticas, que son los que nombran los representantes en las mesas receptoras de votos, se dieron a la tarea de adulterar actas poniéndole a candidatos a diputados 280 marcas en una papeleta cuando en la urna no estaban registrados ni siquiera 200 electores.

Aquí ya no hay espacio para seguir puyando “al macho con vara corta”, es decir, jorobando más a la gente, que ya dejó de ser tolerante y pasiva ante la maña y la trampa. La concurrencia masiva del pueblo hondureño a las urnas el pasado 28 de noviembre tuvo que ver con ese hartazgo para mitigar su  desencanto y enojo con la clase política y gobernante.

Frente a las denuncias sustentadas es necesario que se actúe. Esta es también una oportunidad más que se le presenta a las instituciones para actuar y limpiar su cara sucia por el desprestigio y la legitimación de estas corruptas prácticas electoreras.

Y si ahora no paran estas rancias prácticas de denunciadas manipulaciones que se gestaron en principio en las mesas receptoras, ni los partidos políticos que las siguen permitiendo ni el marco institucional legal creado, van a pararle bola a la exigencia de un pueblo que ya cansado le dijo no a lustros y lustros de fraudes y otras formas de corrupción electoral en Honduras.

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