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Cohep reitera que las ZEDE son ilegales, mientras el gobierno pondera inversión de $100 millones en cada zona especial

ciudades especiales
Ciudades privadas en Honduras, enmarcadas en ley.

Las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha hincado una espina entre el sector empresarial, generado una reacción impetuosa en el Ejecutivo y creado una división visceral entre los alcaldes.

La ley que fue aprobada, pero que todavía no es publicada en el diario oficial La Gaceta, ha despertado posiciones muy extremas que son las mismas que se plantearon hace unos ocho años, cuando el Gobierno de turno impulsó las llamadas «Ciudades Modelo» que, al final, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Las ZEDE, que se fundamentan en los mismos objetivos de la antigua propuesta de las «Charter Cities», son calificadas por economistas como «un adefesio y un insulto para los hondureños», al tiempo que han avizorado que ningún inversionista serio estará interesado en arriesgar su capital para hacer negocio en las regiones especiales.

Investigadores familiarizados con la asignatura han remarcado que las ZEDE son un esquema que consolida la desigualdad, porque mientras a los empresarios se les carga con altos tributos la controversial legislación establece un trato fiscal preferente.

Éste es uno de los temas de mayor contraste. El texto que fue aprobado por la Cámara Legislativa reza: «La tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados».

La normativa enumera, además, incentivos para las empresas que se dediquen a exportar bienes y servicios, plasma la ruta de la estabilidad jurídica y desarrolla el concepto de beneficios de largo plazo.

La cúpula empresarial ha concluido en un estudio propio que las zonas Especiales de Empleo y Desarrollo No son legítimas, son un modelo «desnaturalizado» y, por añadidura, constituye un «riesgo de inversión».

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A los señalamientos de que el esquema de las ZEDE es «populista», «inconstitucional» y «violatorio de la soberanía», los defensores del Gobierno aseveran que la normativa persigue el repunte de la economía y la movilidad social de la población.

En el seno de los alcaldes también se ha creado un cisma entre los alcaldes. Quienes se oponen a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico lo hacen con finalidades político-sectarias, opina un segmento de jefes edilicios.

Otro segmento de funcionarios de los gobiernos locales se han plantado y anunciado que no van a permitir la implantación de un Estado dentro de un Estado.

Figuras visibles de la oposición política han reprochado que durante una década ha habido una intención de vender modelos que son lesivos para los intereses del país como las «Ciudades Modelo», las «Alianzas Público-Privadas» y ahora las ZEDE que finalmente han sido aprobadas.

Las posturas en torno a las Zonas Especiales son extremadamente incompatibles. ¿Son una gran oportunidad para el país, donde hay mucha necesidad de empleo? ¿Es cierto que cada una de las ZEDE puede generar una inversión inicial de 100 millones de dólares? ¿Tienen miedo los empresarios a perder mano de obra barata?

Honduras jamás había enfrentado tales indicadores de derrumbe en la economía, en las condicione sociales de la población, corrupción, impunidad, inseguridad jurídica e inestabilidad política.

¿No representarían las ZEDE representarían un reflejo de la debilidad institucional, erosión del Estado de Derecho y, en general, un modelo socorrido que es puesto en el centro de la tormenta política y de la crisis que vive el país?

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