¿Acaso no es urgente llegar a un pacto sobre políticas públicas que tengan como su basamento la incorporación de todos los actores de la educación: Gobierno, docentes y estudiantes?
Sí lo es. Pero también es inaplazable que los padres de familia y las alcaldías asuman un rol mucho más significativo en la administración del aparato de enseñanza-aprendizaje.
Expertos en la asignatura cuestionan que Honduras haya disminuido ostensiblemente el porcentaje de inversión de los recursos en la formación y desarrollo de capacidades de los niños y de los jóvenes.
Hace unos años, el país destinaba el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. Hoy día, ese índice es de nada más 5.3 por ciento.
Los especialistas en Pedagogía y en Tecnología de la Educación recriminan que el Gobierno privilegie los mayores esfuerzos financieros en el área de la seguridad y no a la edificación de la «sociedad del conocimiento».
Otra de las flaquezas que presenta la educación hondureña es que la asistencia de la población de niños y jóvenes ya no es vista como una prioridad y un derecho para acceder a la luz del conocimiento para el desarrollo.
Dicho estado de indiferencia, lleva a los conocedores de la materia a realizar un llamado para que las municipalidades se involucren con más empoderamiento en la educación, a la vez que se convoca a los padres de familia a inscribir a sus hijos en las escuelas y colegios.
En los últimos años el sistema ha perdido a más de 420,000 estudiantes. En 2009, el sistema tenía 2.2 millones; hoy día, esa población ha bajado a un millón 700,000 niños y jóvenes.
Unos, se han retirado de las aulas de clases porque han emigrado; otros, por motivos de la pobreza que se ha extendido y agudizado en el país.
Honduras no avanzará hacia una reforma educativa mientras no se mejoren los aprendizajes y en tanto no exista una nueva estructura con la participación de todos los actores del sistema.
