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Tras detención judicial de Marco Bográn, sectores hondureños exigen que caigan autores intelectuales de estafa en la compra de hospitales móviles

Hospitales móviles
El Ministerio Público tiene 22 líneas de investigación.

Una vez que se ha dictado detención judicial contra los exfuncionarios de Inversiones Estratégicas, Marco Bográn y Alex Moraes, imputados por el caso de los hospitales móviles, surgen varias interrogantes

¿Quiénes son los funcionarios de alto nivel que están involucrados en este episodio de estafa y que también son protagonistas del manejo oscuro de 1,200 millones de lempiras para comprar las unidades asistenciales? ¿Lo dejaron solo? ¿Es un caso de corrupción con revestimiento político?

Porque familiares del ex director de Inversiones Estratégicas, han declarado que el imputado y su ex gerente administrativo son inocentes, que no se quedaron con un tan solo lempira y que nada más obedecieron órdenes en el contexto de la emergencia.

Parientes en el primer grado de consanguinidad del ex titular de Invest ha asegurado que el procesado no tiene ni casa propia ni dinero y que, incluso, se tiene planificado vender dos propiedades para el pago de los abogados defensores y el sostenimiento de los los hijos de Bográn.

Los expertos abordados por HRN coinciden en que los 1,200 millones de lempiras que fueron destinados para la contratación de siete hospitales móviles no fueron manejados como un botín solamente por los dos acusados.

En la línea de decisiones superiores están otros personajes que, igualmente, deben ser identificados y llevados a una deducción de responsabilidades.

El Consejo Nacional Anticorrupción estima que las acciones contra Bográn y Moraes es un primer paso de un largo proceso que también debe alcanzar a los otros personajes responsables que todavía no salen a la luz.

No hay que conformarse con la presentación de requerimiento fiscal y la posterior declaración de detención judicial, han señalado dirigentes de la sociedad civil.

Entendidos en esta asignatura han expresado que la Fiscalía debe ir cinco pasos más adelante, a la vez que han condenado: “como sociedad, los hondureños hemos sido muy laxos en las exigencias al Ministerio Público para que cumpla con sus ejecutorias contra los corruptos”.

En la agenda de acciones alrededor de este caso sobresale la petición de captura internacional contra el sujeto de origen guatemalteco-estadounidense, Axel López, proveedor y representante de la empresa Elmed Medical Systems.

Los hospitales móviles que fueron contratados por INVEST a un costo de 1,200 millones de lempiras son “inservibles” y ni siquiera podrían ser vendidos como “chatarra”. En este juicio concuerdan los sectores de opinión pública que exigen que se haga justicia en este expediente de “gran estafa” y “enorme acto de corrupción”.

Las unidades asistenciales que han sido comparadas con “carpas”, “chatarras” o “tiendas temporales” siguen sin operar y los únicos que están abiertos, el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa, muestran muchas fallas en la operación de sistemas, falta de personal especializado e insuficiencias administrativas y técnicas.

La unidad que fue instalada en Olancho se dejó en el abandono, la estructura enviada a Choluteca no será utilizada para la atención de la pandemia y, en lo que respecta a los hospitales de Copán, Atlántida y El Paraíso, no se sabe cuál será su destino, porque no se tiene la menor idea de cuándo y cómo iniciarían su funcionamiento.

Los interventores de Inversiones Estratégicas (INVEST-Honduras), han reafirmado que se ha contratado una empresa extranjera que estará a cargo de realizar una auditoría forense por la que el país desembolsará 99,000 dólares, unos dos millones y medio de lempiras.

El Ministerio Público tiene 22 líneas de investigación, siete de ellas  referidas a la compra de hospitales al calor de la urgencia sanitaria que irrumpió en el país en marzo del año pasado.

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