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Poderes otorgados a la Uferco fractura principios de la acción penal pública, advierten expertos

Uferco
Instalaciones del Ministerio Público de Tegucigalpa.

Son incompatibles los criterios que se han vertido alrededor del decreto que le da facultades amplias a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción (Uferco).

Diputados que promovieron la iniciativa que le confiere poderes extensos a la Uferco, han justificado que era la única fiscalía dentro del Ministerio Público que debía solicitar autorización para perseguir el delito y presentar requerimientos.

Esta valoración ha sido compartida por el ex fiscal y ministro para asuntos de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuando ha subrayado que «con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de Uferco, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad».

Pero son más los políticos, analistas y expertos en Derecho Constitucional que han calificado como un gran «error» haber creado una fiscalía paralela o una especie de «monstruo con mil cabezas» para el ejercicio de la acción penal.

Versados en las ciencias jurídicas y sociales han mencionado que el otorgamiento de rango superior a la Uferco representa una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público y a la Constitución de la República.

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En realidad, la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción siempre ha tenido la potestad de presentar requerimientos sin necesidad de una autorización especial, arguyeron los estudiosos de las leyes con quienes ha conversado HRN.

Diputados de la Bancada del Partido Nacional han denunciado que el decreto que concede atribuciones mayores a la Uferco fue aprobado «a espaldas del pueblo» y sin la mayoría calificada que requería.

En un comunicado emitido en las últimas horas, los diputados que forman el ala del nacionalismo acusaron a las autoridades del Poder Legislativo de imponer leyes que van en contra la institucionalidad del país y el orden establecido en la Carta Magna, a la vez que han llamado al pueblo a manifestarse en la calle para defender el Estado de Derecho.

Ha sido un golpe técnico al Ministerio Público. El fiscal general queda relegado en su autoridad y, en suma, se ha fracturado el principio de jerarquía, interpretaron los legisladores que representan a la divisa del Partido Liberal.

A través de sus canales digitales, el Ministerio Público se ha pronunciado en el sentido que la Cámara Legislativa ha aprobado un decreto que tiene implícita una reforma constitucional.

En teoría, la Uferco sería una instancia provista de herramientas de peso para la lucha contra la corrupción y la impunidad que será acompañada de cerca por la CICIH, así como en el reciente pasado fue investida la UFECIC durante la presencia de la MACCIH que terminó por ser desmantelada.

La duda es si la UFERCO se ha convertido o no en una paralela de la Fiscalía y si estas atribuciones para ejercer la acción penal constituyen «un golpe» a la institucionalidad del país.

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