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Un privado de libertad ha sido asesinado cada mes en «horribles» escenas en Pozos I y II

Los dos crímenes ocurridos el viernes y sábado anteriores en las cárceles de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, e Ilama, Santa Bárbara, han vuelto a desnudar la podredumbre del sistema penitenciario.

En particular, la espantosa escena en la que fue segada la vida de Magdaleno Meza, presunto socio de Antonio Hernández, declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos, le ha agregado otro elemento a la crisis del país.

Una investigación exhaustiva han demandado la familia y la representación legal de Meza, en tanto que el Gobierno ha determinado que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), tendrá intervenidos los Pozos I y II por tiempo indefinido.

Seis hombres, identificados como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), son señalados de haber consumado el crimen el sábado en Ilama, Santa Bárbara. Contra ellos ha sido librado requerimiento fiscal, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha solicitado un informe sobre lo que ocurre en las cárceles del país, mientras el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ha exigido la separación de las autoridades del Instituto Penitenciario, calificadas como «incapaces».

La crisis carcelaria es profunda en Honduras. Los funcionarios con competencia en la materia ya probaron su «ineficiencia» para administrar las prisiones, han sostenido representantes de la sociedad civil.

En lo que va de este año una decena de reos han muerto en circunstancias violentas en las cárceles consideradas de máxima seguridad.

Cinco privados de libertad han perdido la vida en el Pozo I y un número igual de internos han sucumbido a los ataques mortales en el interior de La Tolva, en el oriente del país.

Amplios segmentos de la opinión pública comparten el criterio que las cárceles del país, particularmente las de máxima seguridad, siguen siendo una escena del crimen y centros de trasiego de armas, drogas y dinero; además, establecimientos donde son violentadas las garantías esenciales de los procesados y condenados.

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